Las sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) ascienden en algunos casos a 48.8 millones de pesos, lo cual evidencia el nivel de los ilícitos.
Sin embargo, la SFP ha consignado sólo un caso ante la Procuraduría General de la República (PGR) y se desconoce a cuántos empleados que cometieron ilícitos se les abrió un expediente penal,
El caso de Néstor Moreno Díaz, director de operación –en agosto pasado sólo fue suspendido de manera temporal para hacer frente a denuncias en su contra–, es apenas uno de los cientos relacionados con el talón de Aquiles de la CFE: violación a los procesos de contratación.
Moreno Díaz, acusado de aceptar y realizar favores a potenciales contratistas nacionales e internacionales, fue destituido por la SFP. El órgano de control de la CFE ordenó inhabilitarlo 10 años (del 7 de enero de 1998 al 6 de enero de 2008), por "abuso de autoridad".
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